La centralización de la autoridad del Estado se manifestó en la integración del territorio nacional y el afianzamiento de su soberanía en las zonas más alejadas. Con esos objetivos, las autoridades nacionales se propusieron controlar definitivamente los avances de los indígenas sobre la frontera en el sur. Los terratenientes bonaerenses, que tenían cada vez mayor influencia en el gobierno, estaban directamente interesados en la expulsión de los indígenas y en la explotación económica de esas tierras.
Durante la presidencia de Avellaneda, el ministro de Guerra, Adolfo Alsina, planificó y ordenó la construcción de una línea de fuertes y fortines unidos entre sí por una extensa zanja, para impedir el paso de los malones indígenas y del ganado que estos se llevaban. Pero el plan de Alsina no contó con el acuerdo del general Julio A. Roca, uno de los jefes militares más importantes. Roca sostenía que los fuertes fijos constituían un riesgo para la disciplina de los soldados y dificultaban el control. A juicio del general, “el mejor sistema” para “concluir con los indios” era “extinguirlos o arrojarlos al otro lado del Río Negro”, a través de una “guerra ofensiva”.
Roca, designado ministro de Guerra luego de la muerte de Alsina, puso en marcha su plan, que proponía la eliminación de indígenas que habitaban entre la frontera y los ríos Negro y Neuquén. Para alcanzar sus objetivos, Roca contó con nueva tecnología, como el telégrafo y las armas de repetición; suprimió la pesada artillería y aumentó la cantidad de las tropas. Hacia 1881, había logrado el sometimiento de 14.000 indígenas y la incorporación de 15.000 leguas de tierra al territorio sujeto al control del Estado Nacional.
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